El Ayuntamiento de Pamplona / Iruñea aprueba la Moción en Defensa del Patrimonio Navarro
Por plataforma-ekimena.org • 30 abril 2013 • Sección: Portada
En
mayo del año 2007, por iniciativa popular, se creó la Plataforma de
Defensa del Patrimonio Navarro, al descubrirse, por pura casualidad, la
inscripción en el Registro de la Propiedad, por parte del Arzobispado de
Pamplona de al menos 1.087 bienes de los pueblos navarros, acogiéndose a
los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, a raíz,
sobre todo, de la supresión en 1998, por el Gobierno de Aznar del
artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de los
lugares de culto. Todos los pueblos de Navarra se vieron sorprendidos
por la inmatriculación de bienes: iglesias parroquiales, ermitas,
atrios, casas parroquiales, fincas rústicas y urbanas, arbolados,
cementerios, etc.
La Iglesia católica, acogiéndose a una
vía privilegiada y con un coste irrisorio (20-30 euros cada uno), había
inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo
un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, sin conocimiento de
la población en general, ni de sus representantes públicos. El artículo
206 de la Ley Hipotecaria de 1946 concede a la Iglesia el privilegio
(así lo califican algunas sentencias) de inscribir bienes directamente
en el Registro de la Propiedad mediante la propia certificación del
Diocesano. Este artículo está bajo sospecha de inconstitucionalidad,
tras algunas sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo basadas en algo lógico: la Ley Hipotecaria fue aprobada en 1946
en pleno estado confesional franquista. De ahí las generosas
prerrogativas para la inscripción que concede a la Iglesia católica.
Establecida con la Constitución de 1978 la no confesionalidad del Estado
español, es más que cuestionable que la Ley Hipotecaria continúe
otorgando al Diocesano tareas de funcionario público, con el fin de
practicar la inscripción de bienes a su propio nombre.
Son evidentes las dificultades legales y
económicas de cada pueblo para pleitear en solitario por la
recuperación de los bienes que considera del pueblo. La Ley Hipotecaria
privilegia a la Iglesia para inmatricular bienes, y los costes que
supone su anulación difícilmente pueden ser asumidos por los Entes
locales.
El Parlamento navarro en sesión de 14 de
junio de 2012 trató el tema de las inmatriculaciones realizadas por la
Iglesia y acordó instar al Gobierno de Navarra a realizar un inventario
del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por
la Iglesia católica, solicitar la derogación del art. 206 de la Ley
Hipotecaria que permite a la Iglesia el privilegio de la inmatriculación
sin tener en cuenta la obligada separación Iglesia-Estado y otros
extremos. (Boletín del Parlamento de 25 de junio de 2012 y Diario de
sesiones del Parlamento de 14 de junio de 2012: Páginas 75 a 83).
En la actualidad, son ya alrededor de
150 Ayuntamientos y Concejos los que han mostrado su adhesión a la
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
La situación puede resumirse en una
mayor alarma social que ha hecho que en todo el Estado se vaya tomando
conciencia de la gravedad del asunto y en algunas victorias parciales,
conseguidas por la presión popular y por algunas sentencias judiciales.
Sin embargo, la Diócesis se ha atrincherado tras un muro de silencio,
mientras sigue vendiendo, alquilando, cobrando entradas y disponiendo de
los bienes inmatriculados a su nombre. Bienes que en muchos casos los
abandona hasta situaciones de ruina, a la espera de que sean los fondos
públicos y los vecinos quienes los arreglen para disponer luego de ellos
y patrimonializarlos a su antojo.
La Iglesia es incapaz de mantener en pie
todos los bienes que ha inmatriculado y es lógico que los pueblos se
muestren cada día más reticentes a mantenerlos mientras no se resuelva
el tema de su propiedad. Sólo volviendo a ser propiedad pública podremos
garantizar que siga en pie y abierto al público todo el enorme
patrimonio de Navarra, tal y como ocurre, por ejemplo, en la Baja
Navarra.
En virtud de cuanto antecede, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1º.- Solicitar al Gobierno de
Navarra que ofrezca a los pueblos navarros información jurídica e
histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público, y que
apoye a los Ayuntamientos y Concejos que intenten recuperar los bienes
inmatriculados por la Iglesia católica.
2º.- Pedir al Gobierno de
Navarra información sobre todas las inversiones realizadas con dinero
público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio navarro
inmatriculado por la Iglesia católica, especificando el porcentaje que
suponen las aportaciones públicas realizadas por Gobierno de Navarra,
Estado y Entes locales con respecto al costo total.
3º.- El Ayuntamiento de Pamplona
se adhiere a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, y se
compromete a colaborar con y a participar en cuantas iniciativas se
impulsen en pro de la recuperación del patrimonio común inmatriculado
por la Iglesia católica.
4º.- Este Ayuntamiento efectuará
la defensa jurídica del Patrimonio anteriormente referido,
perteneciente a la ciudad de Pamplona/Iruñea,en los terminos que
proceda, a solicitud del propio Ayuntamiento
5º.- Dar traslado de este acuerdo a la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro.
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