La
Iglesia
experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir
del año 2003. Una reforma de la ley Hipotecaria en 1998 durante el
Gobierno
Aznar
permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y
otras propiedades que no estuvieran registradas. La consecuencia de
esta reforma fue una movilización de los ecónomos de las diócesis,
algunos de los cuales llegaron a contratar aparejadores o personal
técnico. En este proceso, la Iglesia registró a su nombre 4.500
propiedades, según fuentes fiables cercanas a los registros de la
propiedad, algunas tan notables como la mezquita de Córdoba.
El registro se hizo sin necesitar otro requisito que una
certificación del Obispo, sin estar obligada a hacerlo público por
edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los
ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que la mezquita había sido
registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de
2006), acto que le costó 30 euros.
Si el Gobierno Aznar liberalizó el suelo, también le concedió a la
Iglesia católica un resquicio legal que le permitió hacerse con templos,
ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, algunas
de las cuales vendió con posterioridad a su registro y le permitió
obtener las correspondientes plusvalías, por una cuantía desconocida
porque ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas a la
Conferencia Episcopal
en este asunto. “La inmatriculación [el acto del primer registro de una
finca] de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo,
que exige certificaciones y testigos y que, en este caso, es obviado por
una certificación del Obispo”, señala una fuente del Consejo General
del Notariado. Esto es así porque en la Ley hipotecaria de 1944 se
equipara al eclesiástico (el obispo) con un fedatario público, es decir a
un notario, una norma no derogada que, según algunos expertos, es
inconstitucional. Alejandro Torres, catedrático de la Universidad
Pública de Navarra, ha divulgado numerosos artículos sobre este
particular: “Este proceso no es compatible con los principios
constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre
Iglesia y Estado”.
Entradas a la mezquita de Córdoba sin pagar IVA
Un ciudadano cordobés se preguntó un buen día de quién era la
mezquita de Córdoba porque comenzaba a sospechar del comportamiento del
obispado. La diócesis, dirigida por el recalcitrante Demetrio Fernández,
un hombre de ideas muy conservadoras, había cambiado el nombre de la
mezquita y denominado al lugar como Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
Había cambiado también los folletos para los turistas. En la
denominación oficial, la Iglesia hacía el añadido, entre paréntesis, de
“antigua mezquita” posiblemente para que nadie pensara que se trataba de
otro lugar. El ciudadano acudió al registro y se encontró con la
sorpresa: la mezquita era del obispado desde el 2 de marzo de 2006, que
justificó la inscripción con el argumento de que era propiedad suya
“desde tiempo inmemorial”. Inscribirla costó 30 euros.
Desde entonces hay circunstancias curiosas alrededor de la mezquita y
su gestión por la iglesia. Instituciones como Cultura y la Junta de
Andalucía que han invertido millones de euros en obras de mejora y
mantenimiento, no reaccionaron a este hecho, a pesar de las quejas de
colectivos como Europa Laica.
La diócesis no se hizo cargo de esas inversiones, pero sí de los
ingresos que genera el monumento, que camufla como donativos y por los
que no paga impuestos, puesto que en las localidades (al precio de 8
euros para quienes no están domiciliados en Córdoba) no consta la
palabra “precio” ni, el desglose del IVA. La diócesis no aclara cuánto
ingresa por la mezquita, el lugar más visitado de Córdoba.
La confusión es tal que alcanza a la difusión por internet. La página
en apariencia oficial (mezquitadecordoba.org) es de agencias de viajes.
La oficial es catedraldecordoba.es.
Los privilegios de la Iglesia no acaban en la certificación: también
está exenta de hacer pública la adquisición mediante un edicto. Esa
ausencia de publicidad ha permitido en casi todos los casos que
transcurran los dos años de carencia de que goza una primera inscripción
sin que nadie lo advierta y, por tanto, pueda recurrir.
No todas las diócesis han sido igualmente diligentes a la hora de
registrar propiedades. Es conocido que Lucio Vallejo, el anterior
ecónomo del obispado de Astorga (actual número 2 de las finanzas del
Vaticano) hizo que contrataran los servicios de una aparejadora para
llevar a cabo el proceso de inmatriculaciones. Menos problemas tuvo su
colega de la diócesis de Pamplona y Tudela, Javier Aizpún, por el mero
hecho de que es arquitecto.
Precisamente Navarra es la comunidad
donde el fenómeno de las inmatriculaciones ha sido más estudiado y ha
dado lugar al nacimiento de una Plataforma de Defensa del Patrimonio
Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha
llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis
navarras. “A principios de 2007, de manera casual”, reza un documento de
la plataforma, “se descubrió que la Diócesis navarra estaba
inmatriculando masivamente todo tipo de edificios religiosos, casas,
tierras, arbolados, cementerios… Más de mil escrituraciones desde el año
1998, por unas docenas de euros, al amparo del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria, más que cuestionado por ser totalmente anticonstitucional”.
La conclusión de la plataforma es que la Iglesia se ha convertido en
la mayor inmobiliaria de Navarra. “El procedimiento no exige exposición
pública alguna, por lo que los pueblos navarros no se han enterado y se
han encontrado de la noche a la mañana con que una parte de su
patrimonio público, mantenido siempre con gran esfuerzo, está
privatizado”. Alguna poblaciones ha iniciado denuncias ante los juzgados
con escasa fortuna.
Esta movilización inmobiliaria se realizó sin una coordinación
central a través de la Conferencia Episcopal. “Las diócesis tienen un
elevado grado de autonomía”, señala José Manuel Vidal, experto en temas
religiosos y director de religiondigital.com, “incluso en temas
económicos por lo que no dan cuentas mas que a Roma cada cinco años. Los
ecónomos se reúnen una vez al año en unas jornadas, pero no han tratado
conjuntamente el asunto de las inmatriculaciones. Las diócesis se han
limitado a solicitar informes jurídicos a la Conferencia Episcopal. No
creo siquiera que Fernando Giménez Barriocanal, el gerente del
Episcopado, tenga una información detallada al respecto”.
Asociaciones como Europa Laica han tratado sin éxito de llamar la
atención de la opinión pública sobre este fenómeno que parece
irreversible. El asunto se trató en una moción debatida en el Senado el
pasado mes de octubre, presentada por el grupo catalán Entesa. Se pedía
la supresión de la reforma que hizo el Gobierno Aznar en la Ley
Hipotecaria. Pero fracasó por 8 votos contra 12. PP y PNV votaron en
contra, a pesar de reconocer la complejidad jurídica del asunto y las
dudas de inconstitucionalidad.
EL PAIS
