Un inquisidor en el hospital
El sacerdote Fernando Llambías ofició una misa frente a la casa de la mujer víctima de violación que se iba a someter a un aborto no punible. Distintas organizaciones convocaron a un escrache en repudio a su actitud.
Documento con fecha
martes, 16 de octubre de 2012.
Publicado el
martes, 16 de octubre de 2012.
Autor: Mariana Carbajal.Fuente: Página 12 - Argentina.
Autor: Mariana Carbajal.Fuente: Página 12 - Argentina.
El presbítero del Hospital Ramos Mejía, Fernando Llambías, quien
ofició una misa en la puerta de la casa de la joven violada, víctima de
una red de trata, que había solicitado un aborto no punible, para
presionarla a fin de que desista de su decisión, será el centro de un
escrache convocado para hoy a las 12, en repudio de su conducta. La
actividad fue organizada por trabajadoras y trabajadores del centro de
salud y entidades sociales del barrio de Boedo. El acto se realizará
frente a la capilla, ubicada en el centro del hospital.
Llambías es capellán del hospital. Su nombramiento está en trámite con
un cargo equivalente al de jefe de sección no médico, con un sueldo de
alrededor de 5000 pesos, según informó a este diario la médica Silvia
Kochen, jefa de la Sección de Epilepsia del Ramos Mejía e investigadora
del Conicet. “Está designado, pero su expediente está en trámite porque
no había terminado de completar algunos datos”, agregó Kochen, indignada
por la actitud que tuvo el capellán frente al pedido de un aborto no
punible. Página/12 consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad al
respecto, pero su vocero respondió que sobre el tema no darían
información.
El religioso habría sido quien filtró la dirección personal de la
joven, su nombre y apellido, para que integrantes de grupos católicos,
junto a él, fueran hasta el domicilio de la joven para “escracharla”.
Hasta ese momento, la familia de la mujer desconocía el trance por el
que estaba atravesando. Ella no quería que se enteraran. Lo que más la
aflige por estas horas –mucho más que las trabas que tuvo que enfrentar
para acceder a su derecho a interrumpir un embarazo producto de una
violación– es el hecho de que se enteraran sus hijos de la situación que
estaba viviendo, según le comentó a su abogada, Josefina Durán,
integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Tiene
tres hijos de 18 años, 10 y uno más pequeño.
“El cura, en una actitud digna de la Inquisición, puso en peligro la
vida de la paciente y la de sus hijos. La paciente vino al Hospital
Ramos Mejía para realizarse un aborto en el marco de la ley vigente, en
ese contexto y con el objeto de ‘disuadirla’ y bajo amenazas, el cura
fue a su casa. La dirección la obtuvo de personal del hospital, que
violando el secreto profesional le dio la información. El rechazo a
conductas que lesionen los derechos de las mujeres debe ser acompañado
por toda la sociedad”, señaló Kochen.
Legisladoras porteñas del Frente para la Victoria, entre ellas
Gabriela Alegre, están elaborando un pedido de informes al Ejecutivo
porteño para indagar sobre el vínculo de Llambías con el Ramos Mejía y
la presencia de curas católicos en otros hospitales de la Ciudad. Ayer,
Página/12 intentó hablar sobre el tema con el director del Ramos Mejía,
Carlos Mercau, pero el profesional no accedió a dar una entrevista.
Derivó la consulta al área de prensa del Ministerio de Salud, donde este
diario intentó en vano obtener esa información.
La diputada María José Lubertino contó a Página/12 que tanto la
ministra de Salud, Graciela Reybaud, como el propio Mercau, le dijeron
la semana pasada que le iban a iniciar un sumario administrativo al
presbítero Llambías. Reybaud, dijo Lubertino, también le adelantó que
promoverían su desplazamiento. En la denuncia penal contra el jefe de
Gobierno, Mauricio Macri, que presentó Lubertino el jueves, por
incumplimiento de los deberes de funcionario público por dar a conocer
detalles del aborto no punible solicitado por la joven víctima de trata,
también se pide que se investigue la responsabilidad del cura en la
difusión de información que permitió el escrache frente a su domicilio,
en el conurbano bonaerense.
La agencia AICA, de la Iglesia Católica, difundió la semana pasada un
cable en el que textualmente se informaba: “Trascendió que la madre del
niño habría cambiado de parecer a instancias del presbítero Fernando
Llambías, capellán del hospital”.
En la presentación que la joven hizo ante la Corte Suprema, el jueves
por la mañana, describió el calvario que estaba padeciendo, luego de que
la jueza en lo Civil Myriam Rustán de Estrada, en un trámite irregular,
suspendiera el aborto no punible que le iban a realizar el martes
pasado. “Sumado a todo ello, también me he visto afectada de modo
personal por los ‘escraches’ efectuados frente a mi domicilio
particular. Cabe recordar que en estos momentos estoy siendo acompañada y
protegida por la Oficina de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio
de Justicia de la Nación. En consecuencia, la divulgación de mis datos
personales, como mi domicilio (donde vivo con mi familia y mis hijos),
no sólo importa una grave afectación a mi intimidad y vida privada, sino
también una exposición a riesgos por parte de los tratantes, que me
afecta a mí y a mi grupo familiar. Cabe destacar que esta situación se
generó como resultado de la violación del secreto profesional que debió
proteger la intimidad de mi historia clínica, la intervención indebida
de terceros y la actuación de la Justicia en violación a mi derecho a la
privacidad, la dignidad y el respeto integral de mi salud”, señalaba la
mujer en ese escrito. Tras el fallo de la Corte del jueves a la noche,
la mujer pudo interrumpir el embarazo.
El cura del Ramos Mejía habría sido quien filtró datos de la mujer para que la presionaran en su casa.
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