Ultracatólicos argentinos paran un aborto con la mujer en el quirófano
La mujer, violada y víctima de trata de blancas, se acogió a la nueva ley de interrupción del embarazo
Documento con fecha
viernes, 12 de octubre de 2012.
Publicado el
sábado, 13 de octubre de 2012.
Autor: Alejandro Rebossio.Fuente: El País.
Autor: Alejandro Rebossio.Fuente: El País.
La secuestraron el pasado 28 de julio; la llevaron a la Patagonia y
la obligaron a prostituirse. Logró escapar de la red de trata de
blancas, pero había quedado embarazada. Quiso abortar porque ahora la
ley de Argentina lo permite. Pero el alcalde de Buenos Aires, el
conservador Mauricio Macri, anunció el día —el pasado martes— y el
hospital en que se iba a llevar a cabo la interrupción del embarazo
—Ramos Mejía— en un intento de boicotear la intervención, la primera que
iba a practicarse con la nueva normativa. Un grupo ultraconservador
católico recogió el guante: interpuso una orden judicial que logró
paralizar la intervención cuando la paciente ya estaba en el quirófano
después de entrar de malas maneras en su habitación del hospital.
Esta insólita situación ha generado múltiples problemas añadidos a
la víctima, de 32 años. De entrada, ella quería guardar el anonimato,
entre otras cosas porque su familia no estaba enterada, pero al pregonar
el alcalde los detalles su intimidad ha quedado expuesta a la vista de
todos.
Al día siguiente del anuncio del alcalde, la asociación católica
Pro Familia acudió a un juzgado para impedir el aborto. También organizó
manifestaciones en los domicilios del director del hospital y de la
propia joven, pero ella estaba ingresada en el hospital y en su casa
estaban sus padres, que hasta entonces no sabían que su hija estaba
embarazada, según reveló su abogado, Carlos Lucero Paz. “El capellán del
hospital, el padre Fernando, entró con la gente de Pro Familia a la
habitación de la víctima, que está muy afectada por lo sucedido”,
comentó el letrado. Este periódico llamó a Pro Familia para conocer su
versión de los hechos, pero no recibió respuesta.
La legalización del aborto continúa encendiendo polémica en
Argentina. Desde 1920 el Código Penal permite las interrupciones
voluntarias del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de
la madre o si el embarazo proviene de una violación a una mujer “idiota o
demente”. Hasta marzo pasado, además, las embarazadas por una violación
y con alguna discapacidad mental o menores de edad debían recurrir a la
justicia para pedir permiso para la operación. Pero desde entonces ha
dejado de ser así porque la Corte Suprema determinó que podía
practicarse el aborto sin trámite judicial en todos los casos de
violación, incluidas las de mujeres mentalmente sanas e incluso menores
de edad. A partir de la sentencia del máximo tribunal de Argentina, la
capital y cada una de las 23 provincias debían redactar sus protocolos
para los llamados abortos no punibles.
De momento, solo cuatro provincias han redactado protocolos que se
adecuan de forma correcta al fallo de la Corte Suprema, según la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Otros seis distritos,
incluida la capital, redactaron los suyos, pero restringen lo estipulado
por el tribunal, en el sentido de que limitan el aborto a las mujeres
con incapacidad mental, según la ADC.
La oposición al alcalde Macri, integrada por el kirchnerismo, el
centro y la izquierda, promovió una ley en el Poder Legislativo de
Buenos Aires para permitir los abortos por violaciones en cualquier
plazo y establecer que las menores de edad podían interrumpir sus
embarazos sin consentimiento de sus padres. La ley se aprobó por 30
votos a favor y 29 en contra. El pasado día 4 Macri anunció que vetaría
la norma.
Un juez porteño rechazó el mismo día 5 la petición de Pro Familia,
pero el pasado martes, el mismo día en que debía practicarse el aborto,
una juez federal, Miriam Rustán de Estrada, lo frenó. “Fue un desastre.
El daño psicológico y moral que le están provocando a mi cliente es
inmenso”, opina Lucero Paz. “Hay una cadena de responsabilidades y la
hemos denunciado ante la justicia. La primera irresponsabilidad la
cometió el alcalde, que para justificar el veto a la ley hizo público
los datos del primer aborto no punible, y así incumplió los deberes de
funcionario público. El director del hospital también los incumplió
porque, ante las amenazas de Pro Familia, dio los datos de la paciente o
permitió que se filtraran. La juez ha sido igualmente denunciada por
prevaricación (al haber dictado presumiblemente una sentencia arbitraria
a sabiendas de que lo es) y la asociación Pro Familia, por las amenazas
contra la paciente cuando entraron en su habitación”, detalló Lucero
Paz.
Finalmente, la Corte Suprema autorizó el pasado jueves la
operación, que se realizará en los próximos días. También insistieron
los jueces en que estos casos no requieren trámite judicial.
La vicealcaldesa de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, defendió a
su jefe: “Macri habló en términos generales, nunca dio el nombre de la
víctima, no violó la confidencialidad de la paciente. Probablemente esta
organización antiabortista hubiera presentado igualmente una petición
de medida cautelar”, comentó.
Mientras tanto, en el Congreso argentino siguen paralizados los
proyectos de ley para ampliar la despenalización de la interrupción del
embarazo. El Poder legislativo nacional está dominada por el
kirchnerismo, algunos de cuyos representantes apoyan las iniciativas,
pero no todos, incluida la propia presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, quien, en el libro La Presidenta, de Sandra Russo, confiesa
que se resiste porque padeció un aborto espontáneo cuando llevaba seis
meses de embarazo: “Algo como eso no se lo deseo ni al peor de mis
enemigos. El recuerdo de ese embarazo que perdí me moviliza mucho. Pero
tampoco me pongo en una cruzada, hay que respetar las opiniones de
todos. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no digo que tengo
razón”.
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