ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA
La Iglesia resarce a una mujer violada por un cura a los 10 años
El Obispado de Mallorca pacta una indemnización de 30.000 euros para la víctima
La Iglesia católica, a través del Obispado de Mallorca ha pactado una
indemnización de 30.000 euros para una mujer que denunció ante los
tribunales —y en el ámbito eclesiástico— haber sido víctima de abusos y
agresiones sexuales por un sacerdote cuando tenía 10 años y era feligresa de la parroquia de Can Picafort, zona turística de Santa Margalida.
En 2013, al conocerse los supuestos hechos, el cura Pere Barceló, de 62 años, fue expulsado del sacerdocio por sentencia eclesiástica, aun antes de que la justicia ordinaria dictase sentencia penal. Fue el primer ejemplo de marginación y exclusión directa de un sacerdote por pederastia en España. El caso abierto en el obispado en 2011 sigue en su cauce hacia la vista pública en los tribunales de justicia. Otras dos mujeres de otra parroquia, Cala Rajada, en Capderera, denunciaron haber sido también víctimas de abusos y la juez instructora, de Inca, asumió sus relatos ante un juez de Manacor.
La compensación monetaria de los “daños morales” fue ordenada por el obispo Javier Salinas, que en una nota afirmó que se trata de la “expresión del compromiso de la diócesis en la defensa de los que han sido víctimas de comportamientos impropios de un sacerdote”. El abogado de la mujer víctima, Carlos Nadal, renuncia a reclamar en el juicio una indemnización pecuniaria pero no ceja en la acusación penal contra el excura.
El juez instructor marcó, semanas atrás, una fianza civil de 100.000 euros para que el sacerdote asegurase el posible pago de indemnizaciones. El Obispado fue señalado por la juez como responsable subsidiario del depósito previo.
En 2013, al conocerse los supuestos hechos, el cura Pere Barceló, de 62 años, fue expulsado del sacerdocio por sentencia eclesiástica, aun antes de que la justicia ordinaria dictase sentencia penal. Fue el primer ejemplo de marginación y exclusión directa de un sacerdote por pederastia en España. El caso abierto en el obispado en 2011 sigue en su cauce hacia la vista pública en los tribunales de justicia. Otras dos mujeres de otra parroquia, Cala Rajada, en Capderera, denunciaron haber sido también víctimas de abusos y la juez instructora, de Inca, asumió sus relatos ante un juez de Manacor.
La compensación monetaria de los “daños morales” fue ordenada por el obispo Javier Salinas, que en una nota afirmó que se trata de la “expresión del compromiso de la diócesis en la defensa de los que han sido víctimas de comportamientos impropios de un sacerdote”. El abogado de la mujer víctima, Carlos Nadal, renuncia a reclamar en el juicio una indemnización pecuniaria pero no ceja en la acusación penal contra el excura.
El juez instructor marcó, semanas atrás, una fianza civil de 100.000 euros para que el sacerdote asegurase el posible pago de indemnizaciones. El Obispado fue señalado por la juez como responsable subsidiario del depósito previo.
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