Ultimátum del juez al arzobispo de Granada por negarse a colaborar 8 veces en el caso de pederastia de los Romanones
Por Jesús Bastante
La justicia conmina al prelado a entregar de una vez los
interrogatorios que hizo a los 12 investigados si no quiere incurrir en
un delito de desobediencia El caso se destapó por una carta que Daniel,
una de las víctimas del clan, escribió al Papa contando lo que le habían
hecho de los 14 a […]
La justicia conmina al prelado a
entregar de una vez los interrogatorios que hizo a los 12 investigados
si no quiere incurrir en un delito de desobediencia
El caso se destapó por una carta
que Daniel, una de las víctimas del clan, escribió al Papa contando lo
que le habían hecho de los 14 a los 17 años
Siete de los sacerdotes implicados en el caso siguen ejerciendo impunemente en distintas parroquias de la provincia
El juez del “caso Romanones”, Antonio Moreno, acaba de dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.
En una breve y dura providencia, el magistrado conmina al prelado a
entregar, de una vez por todas, los interrogatorios a los doce
investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el caso de abusos a menores en Granada. Le avisa de que si no lo hace tendrá que hacer frente a un apercibimiento.
El caso salió a la luz
cuando un joven, Daniel, comunicó por carta al Vaticano que había sido
víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de
este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la
Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de
Granada interponer ipso facto la denuncia.
Ahora el juez del caso le
vuelve a pedir al arzobispo las declaraciones que supuestamente hizo a
los imputados. En caso de no hacerlo, Martínez podría incurrir en un
delito de desobediencia a la autoridad judicial, después de que se le
haya requerido, hasta en siete ocasiones y tras dos apercibimientos, la
documentación que está obligado a entregar según las legislaciones civil
y canónica.
Se enfrenta a un apercibimiento
“Deberá ser remitido e
informado por la persona requerida y bajo los apercibimientos que en
caso de incumplimiento procedan en derecho”, culmina el escrito del juez
Moreno. La respuesta judicial llega después de que el Arzobispado de
Granada -y no el arzobispo, quien ahora sí está conminado a responder
personalmente, y no a través de su vicecanciller- se haya negado, hasta
en siete ocasiones (y tras dos apercibimientos) a ofrecer información
alguna sobre los expedientes e interrogatorios a los doce implicados en
el caso de abusos a Daniel. Ni siquiera si éstos se llegaron a producir.
Por lo tanto, monseñor
Martínez debe cumplimentar, personalmente,los requerimientos del
juzgado, especialmente si ha incoado los preceptivos expedientes a los
denunciados, y remitir las copias íntegras de los mismos; y, si no los
ha incoado, informar al respecto y explicar al juez por qué no lo ha
hecho. Además, la diócesis podría ser declarada responsable civil subsidiario, como ha sucedido, la pasada semana, en el caso de abusos de Can Picafort (Mallorca).
En la resolución, el juez
constata “que en todo caso se ha omitido en las documentaciones
sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones e
interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició
expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma
escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos
administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones
de suspensión de ese Arzobispado”.
Esto es: que pese a los
intentos de desmentido de la diócesis de Granada, Javier Martínez está
obligado, según el protocolo de actuación aprobado por la Conferencia
Episcopal española en 2010, y por las normas de la Santa Sede, a
elaborar informes escritos de cualquier actuación y, en caso de serles
requeridos -como ha sucedido- a remitir dicha documentación a la
Justicia. Además tenía que incorporar al mismo los interrogatorios y
redactar y suscribir su propio informe como arzobispo diocesano.
Siete sacerdotes siguen ejerciendo
El propio Martínez, en una
de sus primeras respuestas a los requerimientos judiciales, afirmó que
había puesto en marcha contra los denunciados el procedimiento canónico
al que está obligado por los protocolos eclesiásticos. De hecho, tres
sacerdotes continúan suspendidos “a divinis” (inhabilitación para
ejercer), mientras que a uno de los seglares se le retiró la venia
docendi para continuar impartiendo clases de Religión. Otros siete de
los investigados continúan, pese al escándalo, como sacerdotes en sus
respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción
alguna contra ellos.
La posible prescripción de los delitos (abusos sexuales y exhibicionismo, aunque
las acusaciones también hablan de asociación ilícita, corrupción de
menores y agresión sexual) está ahora en manos de la Audiencia
Provincial, que decidirá el próximo 15 de septiembre.
Fuente: El Diario
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