El caso Ana Libertad reafirma la deuda de la Iglesia con la Memoria
Aunque desde hace pocos meses comenzó un lento proceso de acceso a los archivos del Vaticano, la CEA y las parroquias, cada nueva causa confirma que los secretos aún perduran.
Documento con fecha
domingo, 24 de agosto de 2014.
Publicado el
domingo, 24 de agosto de 2014.
Escrito por: Claudio Mardones.Fuente: Tiempo Argentino.
Escrito por: Claudio Mardones.Fuente: Tiempo Argentino.
Cómo un bumerang, la recuperación de la identidad biológica de Ana
Libertad, la nieta 115 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, volvió a
rozar a la Iglesia Católica, la información que guarda celosamente y,
esta vez, a Jorge Mario Bergoglio, el mismo que hace más de tres décadas
atrás escuchó las súplicas de los padres de Elena de la Cuadra. La
joven fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 y dio a luz a una niña el
16 de junio, en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la
Comisaría 5ª de La Plata, bajo la órbita de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires. Poco después del nacimiento, Bergoglio era por entonces
el joven provincial de los jesuitas en Argentina y fue una de las
escalas eclesiásticas que hicieron Roberto De la Cuadra y su esposa
Alicia Zubasnabar de De la Cuadra para saber el paradero de su hija. Por
aquella época, "Licha" era la primera presidenta de Abuelas y había
recurrido al superior de los Jesuitas en Italia para reconstruir el
paradero de su hija. El titular de la orden, Pedro Arrupe los derivó al
provincial argentino. Según el testimonio que el actual Papa brindó por
escrito el 23 de septiembre de 2011 en la causa federal 1351, que
investigó el plan sistemático de apropiación de menores durante la
última dictadura, el jesuita escuchó al esposo de Licha, le ofreció
ayuda pero "no recordó que le haya mencionado que la misma estuviera
embarazada y explicó que lo habitual en esos tiempos era recurrir a las
autoridades eclesiásticas de la zona donde se había producido el
secuestro de la víctima". La familia De la Cuadra sabía de la existencia
de la niña y el embarazo gracias al testimonio de algunos
sobrevivientes, pero Licha jamás alcanzó a leer las respuestas que
Bergoglio le escribió al Tribunal Oral en lo Federal 6, porque el
arzobispo porteño fue requerido por la justicia tres años después de su
muerte y cuatro meses después de que Estela, la hija de "Licha" le
reclamara al fiscal Martín Niklison que citara al cardenal primado de la
Argentina. "¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años del
robo de bebés? ¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con
Elena de la Cuadra?", bramó la mujer para convencer al fiscal.
Bergoglio finalmente contestó las preguntas por escrito. Fue la segunda
testimonial que prestó ante los estrados federales, luego de declarar
el 8 de noviembre de 2010 frente a los magistrados del Tribunal Oral
Nº5. En esa oportunidad dijo que hacía diez años que se había enterado
de la existencia del robo de bebés, y luego habló sobre los
padecimientos de los sacerdotes jesuitas Jorge Yorio y Francisco Jalics,
que fueron secuestrados durante seis meses en la ESMA, luego de haber
quedado completamente desprotegidos por la Compañía de Jesús. Bergoglio
sostuvo que ayudó a salvarlos. Lleva más de una década negando
desprotección alguna, pero una serie de testimonios y pruebas
documentales ponen sus afirmaciones en tela de juicio.
"¿Recuerda que se haya hecho alguna denuncia a las autoridades
judiciales?", le preguntaron los miembros del tribunal. "No recuerdo
–contestó– y creo que se optó por hacerlas vía eclesiástica, en el
Arzobispado, o en la Conferencia Episcopal (CEA), para que se unificaran
a las otras denuncias, y fueran juntas", retrucó el prelado. Los
testimonios le sirvieron al actual Sumo Pontífice para dar por
terminadas las sospechas en su contra ante la justicia, pero en cada
testimonial, oral o escrita, Bergoglio habló de cartas, actuaciones,
denuncias y documentaciones eclesiásticas que hasta la fecha nunca
vieron la luz y que en muchos casos, continúan celosamente guardados
dentro de los archivos del episcopado argentino y también, entre las
añosas paredes del Archivo Secreto del Vaticano, uno de los depósitos
documentales más antiguos del mundo.
El primer paso para abrirlos se concretó el 6 de febrero, hace seis
meses, cuando Bergoglio recibió en el Vaticano a la procuradora General
de la Nación Alejandra Gils Carbó para firmar un acuerdo de cooperación
judicial, impulsado por la Cancillería, la secretaría de Culto, la
secretaría de Derechos Humanos y la embajada ante el Vaticano. Gracias a
ese acuerdo la Santa Sede comenzará a aportar información judicial
sobre los requerimientos judiciales que reciba para casos vinculados con
el "lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado
trasnacional o graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en
nuestro país durante el terrorismo de Estado". Los aportes documentales
comenzarán a concretarse cuando lleguen los pedidos judiciales y
oficiales por medio de la Cancillería, referidos a casos específicos. La
necesidad de los archivos romanos también fue mencionada por la
presidenta de Abuelas Estela de Carlotto luego de la conferencia que
encabezó este viernes para anunciar el hallazgo de Ana Libertad. Sin
embargo, fuentes oficiales que siguen de cerca el funcionamiento del
nuevo protocolo judicial, explicaron que "sin perder de vista la
importancia de los documentos vaticanos, la mayor incógnita no está en
Roma, sino en Argentina, porque hasta ahora nunca se ha podido acceder a
la documentación que poseen los obispados". "Las familias que buscaban a
sus hijos y nietos desaparecidos muy pocas veces llegaban a la
nunciatura, pero en la mayoría de los casos recurrían a los curas de sus
parroquias, que luego transmitían la información a los obispados",
repasó la fuente en referencia a los registros de bautismos y a las
notas y pedidos que atesoran los organismos eclesiásticos. Esas piezas,
que llevan cuatro décadas sin ver la luz, incluyen a las actas secretas
de las asambleas de la Conferencia Episcopal Argentina. Entre 1976 y
1983, el mando de tropa del clero concretó una docena de asambleas,
donde los prelados debatían e informaban, de manera reservada, las
distintas novedades referidas a la desaparición de personas y las
gestiones para saber su paradero. Hasta ahora la curia jamás fue
requerida judicialmente sobre esas actas secretas, pero los pocos
documentos aportados por el episcopado revelan la importancia de esas
pruebas. Uno de ellos fue la carta que aportó el arzobispo de Santa Fe y
titular de la CEA José María Arancedo en la investigación del asesinato
de monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja el 4 de agosto de
1976. En la carta el prelado le contaba al arzobispo santafesino Vicente
Zaspe los peligros y amenazas que 20 días después terminarían con su
vida. El otro documento no proviene de Santa Fé, sino del del Vaticano y
también fue aportado este año. Se trata del informe "Crónica de los
hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y
Murias Carlos, dos sacerdotes riojanos asesinados el 18 de julio de
1976, un mes antes de que Angelelli apareciera asesinado al costado de
la ruta 38.
Ambas piezas, confiadas cuatro décadas después de los hechos, son parte
de un enorme fárrago de archivos que siguen guardados bajo siete llaves
dentro del país y que también incluyen los reportes de los obispados
castrenses y las capellanías policiales, un eje de información secreta
que tuvo un elenco privilegiado entre la CEA y La Plata conducido por
Victorio Bonamín, vicario castrense durante la dictadura; Antonio Plaza,
arzobispo de La Plata y capellán mayor de la policía bonaerense y
Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de
Paraná y nombrado por el Papa vicario general de las fuerzas armadas en
1975. Tórtolo fue dos veces presidente de la CEA en esa época. Los
debates internos que condujo dentro de las asambleas que encabezó siguen
sin ver la luz y quizás, para que la vean, haya que viajar al Vaticano
con un requerimiento judicial en la mano.
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