Los laicistas investigan los bienes registrados por la Iglesia en Aragón
El PP negó la información hasta tres veces en el Congreso a preguntas de La Izquierda Plural. La ley permite a la institución católica atribuirse propiedades sin dueño conocido, sin comunicarlo
Documento con fecha
domingo, 03 de noviembre de 2013.
Publicado el
domingo, 03 de noviembre de 2013.
Autor: Redacción.Fuente: El Periódico de Aragón.
Autor: Redacción.Fuente: El Periódico de Aragón.
Como Pedro negó a Jesús, tres veces, así el Gobierno de Rajoy declinó
el año pasado, hasta en tres ocasiones, ofrecer información a preguntas
del diputado de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, sobre los bienes que
posee las diócesis de la Iglesia Católica en Aragón, particularmente los
que ha registrado desde 1998. La comunidad perdió así la vía política
para engancharse a la lucha que desde hace cinco años mantienen muchos
pueblos de Navarra, a los que el Gobierno anterior sí ofreció en su día
esta información: descubrieron así que la Iglesia había inscrito a su
nombre hasta 1.200 propiedades de la comunidad foral, que desde entonces
los ayuntamientos luchan por recuperar.
Ante el bloqueo político, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)
en Aragón se ha propuesto conseguir, por vías más tortuosas, la
información sobre estos bienes. No es, insisten, por atacar a la
Iglesia, sino porque la legislación en la que se ampara la institución
para registrar bienes a su nombre atenta, a su juicio, contra la
aconfesionalidad del Estado.
EN NAVARRA
La polémica de las inmatriculaciones --término que se refiere a la
primera inscripción de un bien en el registro-- surgió en Navarra,
aunque hay ejemplos polémicos por toda España. En Aragón hay pocos, en
gran parte debido a la falta de información.
El problema deriva del cambio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria,
llevado a cabo en 1998 por el Gobierno de José María Aznar sin someterlo
a votación. Hasta entonces, la Iglesia ya tenía potestad para inscribir
a su nombre, y sin comunicarlo a la Autoridad --es decir, con el obispo
o arzobispo ejerciendo de facto como notario--, los bienes que
considerase suyos y no tuviesen propietario conocido. Pero había una
excepción, la de bienes de culto. El PP eliminó esa salvedad.
Según explica el decano del Colegio de Notarios de Aragón, Francisco
Pizarro, el régimen especial de inscripción del que goza la Iglesia, al
mismo nivel que ayuntamientos u otras administraciones públicas, no es
una barra libre, pero sí tiene requisitos "más laxos" que los
procedimientos habituales para adjudicarse un bien. En Navarra, han
utilizado argumentos como que les pertencen "desde tiempo inmemorial" o
que fueron levantados "por el pueblo de Dios".
Según explica Pizarro, tras el registro existe un periodo de dos años
para presentar alegaciones. El problema es que, al no existir obligación
de dar publicidad a este registro, los ayuntamientos no pudieron
protestar. Simplemente, no lo sabían. Tras 20 años llega la
prescripción, y el bien pasa a integrar, de forma prácticamente blindada,
el patrimonio de la Iglesia. En la comunidad foral ya ha habido casos
en los que se han vendido bienes inscritos con el procedimiento,
comprados por 20 o 30 euros.
Al destaparse el escándalo en la comunidad vecina, MHUEL mantuvo
contactos con los grupos políticos aragoneses para interesarse por la
iniciativa, mientra a nivel nacional algunos grupos --el PSOE llegó
"deliberadamente tarde", según denunció Europa Laica-- se movilizaban
para derogar o cambiar el artículo 206. Pero el Senado tumbó la iniciativa.
El Gobierno de Rudi informó al diputado Luis Soro de que no tenía la
información que le solicitó --lógico, al no tener que comunicárselo--,
aunque sí conocían un ejemplo. En el Congreso, Chesús Yuste tuvo aún
menos fortuna. El Gobierno le contestó primero que los registros no eran
de su competencia; al recordarle que sí estaban bajo el control de
Justicia, argumentó que la Ley de Protección de Datos ampara el secreto.
La propiedad de los bienes se puede consultar con un "interés legítimo"
Ante la falta de datos por vía política,
MHUEL se ha puesto manos a la obra para investigar por vías registrales
qué inmuebles puede haberse atribuido la Iglesia a nivel más local, en
Zaragoza. Su presidente, Jorge García, declina dar por el momento más
detalles al respecto, pero anticipa que se conocerán auténticas
"barbaridades". La investigación no es fácil, como explica el decano de
los notarios aragoneses, Francisco Pizarro. El Gobierno ha remitido al
diputado Yuste a preguntar directamente a los 42 registros de la
propiedad de la comunidad, pero no es una consulta que se pueda realizar
alegremente. Según explica Pizarro, el registro de la propiedad es "en
principio público", pero solo puede consultarlo el que "acredite interés
legítimo" para saber de quién es una finca. Además, debe constar un
registro de quién ha tenido acceso a esta información. Por lo que este
tipo de investigaciones se suelen topar con la barrera de la Ley de
Protección de Datos. El PSOE obtuvo información en su día de cuatro de
los cinco registros navarros --que desataron la polémica--, pero uno de
ellos se negó a proporcionarlos por este conflicto.
Obispados y arzobispados como el de Zaragoza pueden inscribir biebes religiosos a su nombre
inmatriculaciones Zaragoza
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