El juez que imputó a sor María cita a 20 médicos por el robo del bebé
Personal de la agencia de adopción y el juez del registro civil serán interrogados
Sor María Gómez Valbuena, en los juzgados de Madrid el pasado 12 de abril. / Cristobal Manuel (EL PAÍS)
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja María Gómez Valbuena,
de 87 años, por el presunto robo de un bebé en 1982, va a interrogar,
entre mañana y el 11 de octubre a 24 personas, la mayoría médicos, que
cree que pueden aportar más información sobre el caso.
En una providencia del pasado 5 de septiembre cita como testigos a 19 médicos y a la exdirectora de la maternidad donde se produjeron los hechos, la clínica Santa Cristina de Madrid, María Antonia García Alonso. Esa providencia se une a otra del 26 de junio en la que el juez citaba como testigos a otras seis personas, entre ellas el director del centro, el doctor José Zamarriego, el jefe de neonatología, Ignacio Villa Elizaga, y la asistente social de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA), que derivó al matrimonio que finalmente adoptó a aquel bebé supuestamente robado directamente a sor María Gómez Valbuena.
Antes de citarles, el juez había pedido a la policía judicial que los localizara de forma “urgente” y que remitiera al juzgado un informe sobre su estado físico y mental para poder ser interrogados dada la avanzada edad de la mayoría de ellos, entre 70 y 80 años.
Todos están citados en calidad de testigos y a petición de las partes, Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, la madre que denunció en la Fiscalía de Madrid el robo de su hija en 1982, y José María Calero, letrado de la imputada, sor María Gómez Valbuena.
Además de a esos médicos, el juez también ha citado a declarar como testigo al juez del Registro Civil en aquel momento, que, a petición de sor María, según fuentes del caso, inscribió a aquel bebé fuera de plazo.
A petición de Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, el juez también ha solicitado los libros de la contabilidad de la clínica Santa Cristina para ver si el centro ingresó el dinero que sor María cobró a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. Alejandro Alcalde, padre adoptivo de Pilar, relató a este diario que la monja le hizo pagar casi 100.000 pesetas en concepto de estancia de la madre biológica en el hospital, anestesia, quirófanos y papeleo. Aún conserva las facturas.
Marisa Torres dio a luz en la clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. El pasado 2 de abril relató al juez que admitió su denuncia —derivada desde la Fiscalía de Madrid— que acudió a sor María tras ver un anuncio en una revista en la que la monja, que trabajaba como asistente social en la clínica, prometía ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que tenía otra niña de dos años, y su nuevo novio no quiso saber nada cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando fue a verla, sor María la tranquilizó, y le habló de unas guarderías donde podría dejar a su bebé mientras trabajaba. María Luisa contó al juez que tras el parto, la monja la amenazó con denunciarla por adulterio y quitarle a su otra hija. Le explicó que se asustó. Que salió de la clínica sin su bebé. Y que conoció a su hija, Pilar, 29 años después, gracias, sobre todo, al tesón de Alejandro, padre adoptivo de Pilar, y a la investigación de Pilar Gómiz, periodista de Antena 3.
Marisa y su hija acudieron al juzgado a contar su historia el pasado 3 de abril. Al día siguiente, el juez decidió imputar y citar para un interrogatorio a sor María Gómez Valbuena. Llegado el momento, y por consejo de su abogado, José María Calero, letrado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo, la monja se acogió a su derecho a no declarar. Sor María, perteneciente a la congregación de las Hijas de la Caridad, no respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose: “Me repugna, en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas”.
Sor María está imputada por los supuestos delitos de detención ilegal permanente —penado con hasta 20 años de prisión— y falsedad documental. “Hay dos documentos firmados por ella y por el director de la clínica Santa Cristina certificando que aquel bebé tenía padres desconocidos, pero Marisa Torres nunca firmó un documento de renuncia a su hija”, explica su abogado.
La asociación SOS Bebés Robados tiene otras siete denuncias en los juzgados de Madrid por robo de niños. Tres de ellas apuntan a sor María.
En una providencia del pasado 5 de septiembre cita como testigos a 19 médicos y a la exdirectora de la maternidad donde se produjeron los hechos, la clínica Santa Cristina de Madrid, María Antonia García Alonso. Esa providencia se une a otra del 26 de junio en la que el juez citaba como testigos a otras seis personas, entre ellas el director del centro, el doctor José Zamarriego, el jefe de neonatología, Ignacio Villa Elizaga, y la asistente social de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA), que derivó al matrimonio que finalmente adoptó a aquel bebé supuestamente robado directamente a sor María Gómez Valbuena.
Antes de citarles, el juez había pedido a la policía judicial que los localizara de forma “urgente” y que remitiera al juzgado un informe sobre su estado físico y mental para poder ser interrogados dada la avanzada edad de la mayoría de ellos, entre 70 y 80 años.
Todos están citados en calidad de testigos y a petición de las partes, Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, la madre que denunció en la Fiscalía de Madrid el robo de su hija en 1982, y José María Calero, letrado de la imputada, sor María Gómez Valbuena.
Además de a esos médicos, el juez también ha citado a declarar como testigo al juez del Registro Civil en aquel momento, que, a petición de sor María, según fuentes del caso, inscribió a aquel bebé fuera de plazo.
A petición de Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, el juez también ha solicitado los libros de la contabilidad de la clínica Santa Cristina para ver si el centro ingresó el dinero que sor María cobró a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. Alejandro Alcalde, padre adoptivo de Pilar, relató a este diario que la monja le hizo pagar casi 100.000 pesetas en concepto de estancia de la madre biológica en el hospital, anestesia, quirófanos y papeleo. Aún conserva las facturas.
Marisa Torres dio a luz en la clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. El pasado 2 de abril relató al juez que admitió su denuncia —derivada desde la Fiscalía de Madrid— que acudió a sor María tras ver un anuncio en una revista en la que la monja, que trabajaba como asistente social en la clínica, prometía ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que tenía otra niña de dos años, y su nuevo novio no quiso saber nada cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando fue a verla, sor María la tranquilizó, y le habló de unas guarderías donde podría dejar a su bebé mientras trabajaba. María Luisa contó al juez que tras el parto, la monja la amenazó con denunciarla por adulterio y quitarle a su otra hija. Le explicó que se asustó. Que salió de la clínica sin su bebé. Y que conoció a su hija, Pilar, 29 años después, gracias, sobre todo, al tesón de Alejandro, padre adoptivo de Pilar, y a la investigación de Pilar Gómiz, periodista de Antena 3.
Marisa y su hija acudieron al juzgado a contar su historia el pasado 3 de abril. Al día siguiente, el juez decidió imputar y citar para un interrogatorio a sor María Gómez Valbuena. Llegado el momento, y por consejo de su abogado, José María Calero, letrado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo, la monja se acogió a su derecho a no declarar. Sor María, perteneciente a la congregación de las Hijas de la Caridad, no respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose: “Me repugna, en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas”.
Sor María está imputada por los supuestos delitos de detención ilegal permanente —penado con hasta 20 años de prisión— y falsedad documental. “Hay dos documentos firmados por ella y por el director de la clínica Santa Cristina certificando que aquel bebé tenía padres desconocidos, pero Marisa Torres nunca firmó un documento de renuncia a su hija”, explica su abogado.
La asociación SOS Bebés Robados tiene otras siete denuncias en los juzgados de Madrid por robo de niños. Tres de ellas apuntan a sor María.
No hay comentarios:
Publicar un comentario