Los monjes tampoco comunicaron oficialmente a los padres del colegio del monasterio que habían sufrido un presunto caso de pederastia
La noticia del caso de posibles abusos sexuales sorprendió ayer a muchas familias del colegio del monasterio dirigido por los agustinos. reyes sedano
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Las dependencias del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) no estaban ayer para resolver muchas dudas. La presencia del príncipe de Asturias junto a la cúpula militar para la entrega de la orden de San Hermenegildo convirtió el convento en un fortín. Sin embargo, el impacto de la noticia de un posible caso de abuso sexual en la escolanía, que adelantó ayer Público, llegó a las familias de los alumnos del colegio Alfonso XII gestionado por la misma orden de los agustinos.
La mayoría de los padres que esperaba a que la Guardia Civil les diera paso a la Lonja del edificio para recoger a sus hijos desconocía que un monje había sido apartado del monasterio el año pasado por la queja de los padres de tres alumnos de la escolanía por presuntos abusos sexuales. La asociación de padres de alumnos del centro concertado reconoció que la orden monástica no había dado ninguna explicación oficial a los padres.
El radical sigilo de los agustinos también fue llevado a cabo con los propietarios del edificio: Patrimonio Nacional. Fuentes de este organismo estatal aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación oficial del caso, pese a que se encuentra denunciado por los propios responsables de la escolanía en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial.
"No nos han comunicado de manera oficial nada, pero esto es un pueblo pequeño y a los padres que se han interesado por el asunto se les ha dado una explicación", explicó la portavoz de los padres del colegio Alfonso XII, Eva López. Las supuestas víctimas del monje denunciado acudían a este colegio a continuar su formación académica reglada, pero los abusos los sufrieron en la escolanía, donde estos niños de entre 9 y 13 años reciben clases de Solfeo, Canto y de Historia de la Música.
Los padres que han preguntado a los monjes por la persona acusada han recibido respuestas tranquilizadoras, pero la opacidad ha sido la conducta eclesial. "El monje no tenía relación con el colegio, sólo ejercía en la escolanía, donde sí participaba desde hace años en la formación de los niños", detalla la portavoz de los padres. El presunto acosador, del que no ha trascendido su identidad ni su cargo, tenía un arraigo importante entre los agustinos.
Una vez terminada la fase de instrucción, el caso se encuentra pendiente de que la Fiscalía presente próximamente el escrito de acusación. Fuentes del Ministerio Fiscal señalan que este paso puede ser dado "en un plazo indeterminado". La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de San Lorenzo de El Escorial ha estado un año tomando pruebas como declaraciones de las víctimas y de los testigos. Entre las medidas que ya ha tomado se encuentra el alejamiento del presunto abusador.
El Artículo 183 del Código Penal del Capítulo II BIS de los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años impone una pena que puede ir desde los dos a los seis años de prisión. Si el abuso se ha producido de manera "violenta o intimidación" la pena asciende de cinco a diez años de prisión. Si la supuesta violación consiste "en acceso carnal" la pena sería de 12 a 15 años.
Pese a no haber comunicado que se había recibido una denuncia de abuso sexual a los padres del colegio que los monjes también dirigen, los agustinos sí que acudieron raudos a la justicia ordinaria. La Fiscalía ha colaborado estrechamente con el director de la escolanía para determinar los detalles del posible abuso. En otros casos de abusos la Iglesia no sólo ha evitado denunciar sino que ha buscado cobijo al acusado.
Telón de silencio
"Existe un telón de silencio en España con estos casos. Apenas hay denuncias de abusos de menores", analiza el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. Esta organización, muy crítica con la jerarquía de la Iglesia en España, señala que la falta de información de casos de abusos "también en el ámbito educativo", añade.
Sin embargo, Delgado cree que debería haber habido "más luz" en este casos que se producen en el ámbito público. "En el caso de los profesores que hayan cometido abusos es la administración la que ha ocultado la información, pero en este caso la Iglesia también tiene carácter público y debería haber informado", comenta Delgado al respecto de que Patrimonio Nacional no haya recibido ninguna notificación oficial por parte de los monjes agustinos.
Tanto los monjes como sus representantes legales niegan el paradero donde ha sido alejado el monje agustino. La jueza ordenó su alejamiento de los menores como medida cautelar después de que lo solicitara la Fiscalía. Esta medida es una de las que han sido ordenadas desde el Vaticano en los últimos años después de que salieran a la luz varios casos de abusos silenciados por la Iglesia.
Los abusos sexuales en la Iglesia española han contado con decenas de casos en los últimos años. El colectivo de cristianos de base Iglesia sin abusos surgió hace diez años tras el conocimiento por parte de varias personas de casos de abusos en la Vicaría VI de Madrid. Ante la negativa de los padres a denunciar acudieron a la Fiscalía de menores como recomiendan las ONG de ayuda a este colectivo.
La denuncia a la justicia es una excepción
El caso del monje agustino de la escolanía que podría haber cometido abusos ha supuesto una excepción en la conducta que normalmente lleva a cabo la Iglesia cuando se han detectado casos similares. La propia escolanía, tras conocer por parte de los padres las quejas de los niños, actuó ante la justicia ordinaria. A diferencia de la mayoría de casos, las familias no están personadas en la causa. En el caso de un cura de 74 años condenado en 2003 en Madrid a entre dos y ocho años por abusar de una niña de diez años, el juez desestimó la responsabilidad subsidiaria del obispado. En otro caso en Granada entre 1995 y 1997, un sacerdote que había abusado de sus monaguillos, fue condenado tras una acusación particular ejercida por una asociación de protección de la infancia a 18 meses de prisión por ejercer tocamientos.
publico
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